El secretario de la OEA y Amnistía Internacional han solicitado a la Corte Penal Internacional que intervenga en Venezuela. El exgobernador Williams Dávila se suma a la creciente lista de opositores detenidos, mientras que Estados Unidos advierte sobre las violaciones a los derechos humanos en el país.
Antes de las recientes elecciones presidenciales en Venezuela, ya existía una lista de detenidos por motivos políticos, pero esta ha aumentado drásticamente desde la polémica elección de hace dos semanas, que proclamó al presidente Nicolás Maduro como ganador.
Defensores de los derechos humanos afirman que el país sudamericano nunca había experimentado un aumento en la represión tan rápido.
En este contexto, Amnistía Internacional se unió este viernes al llamado de la OEA para que el fiscal de la Corte Penal Internacional tome acción respecto a la situación en Venezuela.
Luis Almagro, secretario general de la OEA, afirmó que solicitará a la Corte Penal Internacional que determine responsabilidades y emita órdenes de captura contra Maduro y otros funcionarios por graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. Por su parte, Amnistía Internacional exigió la liberación inmediata e incondicional de todos los detenidos por razones políticas y pidió al fiscal Karim Khan que actúe en Venezuela.
El presidente venezolano informó esta semana sobre más de 2.200 arrestos relacionados con manifestaciones y críticas al resultado electoral oficial, con la oposición denunciando fraude y afirmando tener pruebas de su victoria.
Maduro sostiene que el 80% de los detenidos desde el 28 de julio son "terroristas" y "criminales" que buscan desestabilizar el gobierno y el país.
Gobiernos y organizaciones internacionales, como Colombia, Brasil, México y las Naciones Unidas, han pedido al poder electoral venezolano que publique el desglose de los votos de julio y lo someta a una auditoría independiente.
El oficialismo ha llevado el caso al Tribunal Supremo de Justicia para resolver el proceso y las dudas sobre las actas.
Maduro anunció que más de 1.700 de los detenidos serían responsables de estos delitos y que todos serían trasladados a dos cárceles rehabilitadas tras el polémico resultado electoral.
Gonzalo Himiob, abogado y vicepresidente de la ONG Foro Penal, señaló que nunca se había visto una represión de tal intensidad en tan poco tiempo.
Organizaciones de derechos humanos, como Foro Penal y Provea, han confirmado alrededor de 1.200 de estas detenciones. Dentro y fuera de Venezuela, se denuncia que muchos arrestos se realizan de manera opaca e ilegal, sin el debido proceso.
Amnistía Internacional informó sobre "denuncias creíbles" de incomunicación y falta de asistencia legal para los detenidos, con un alto riesgo de maltratos y tortura. La organización considera alarmante el "silencio" del fiscal Khan ante la intensificación de la represión y exige una declaración "preventiva" de su oficina en su investigación de posibles crímenes de lesa humanidad en Venezuela, iniciada en noviembre de 2021.
Entre los recientes detenidos está Williams Dávila, exgobernador del estado Mérida y diputado electo a la Asamblea Nacional en 2015. Dávila fue arrestado por presuntos agentes vestidos de civil tras participar en una vigilia por la liberación de los presos políticos en Caracas.
Dávila se une a otros opositores arrestados, como Freddy Superlano y Roland Carreño, en detenciones similares.
María Oropeza, coordinadora del comando opositor en Portuguesa, transmitió en vivo su detención, mostrando como agentes de contrainteligencia militar derribaban su puerta.
Los arrestos postelectorales han incluido a 9 periodistas, 4 de los cuales han sido acusados de terrorismo. La oposición afirma que el gobierno venezolano detuvo a más de 70 de sus dirigentes antes de la votación. Seis activistas opositores, incluida Magali Meda, se han refugiado en la embajada de Argentina en Caracas.
Brian Nichols, subsecretario para asuntos del hemisferio occidental del Departamento de Estado de EE.UU., advirtió que esta represión no es sostenible ni una señal de fortaleza, y que las voces de los votantes venezolanos no serán silenciadas por la represión, la censura o la desinformación.
Maduro, por su parte, reveló que aprobó un plan para restringir el acceso a X (anteriormente Twitter), acusando a su dueño, Elon Musk, de incitar al odio y a una posible guerra civil.
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