Entre julio y octubre de este año, el presidente del Congreso, Basilio "Bachi" Núñez, firmó 455 contratos para nuevos funcionarios, de los cuales más del 25% corresponden a personas completamente nuevas en la institución, en contraste con el 10% que el Senado había comunicado en redes.
Las cifras fueron verificadas por Última Hora a través del portal del Ministerio de Economía, mostrando que 117 funcionarios comenzaron a cobrar recién desde julio, lo que indica que no se trata de recontrataciones como se sugirió desde la cuenta oficial del Senado.
Estos nuevos funcionarios se suman a la ya extensa nómina del Congreso, aumentando el gasto mensual en aproximadamente 567 millones de guaraníes, sin contar otros beneficios adicionales. Los salarios de estos empleados alcanzan hasta 10 millones de guaraníes al mes, como es el caso de exfuncionarios y profesionales destacados en otras áreas, entre ellos César Eduardo Alarcón Pintos, Julio Alejandrino González Barboza, y Sergio Daniel Godoy Codas, exsenador de la ANR.
Otros funcionarios también reciben salarios elevados, aunque en menor medida, como el exfuncionario del Ministerio del Trabajo José María Azcona Arce, con 8,5 millones de guaraníes, y María Silvia Maidana Apud, exmiembro de la Misión Técnica de Taiwán, con 8 millones. Casos como el de David Cayetano Ojeda Lezcano, quien fue objeto de protestas en 2020 por su supuesta inactividad en el Ministerio de Obras Públicas, también figuran en la nómina con un salario de 7 millones de guaraníes.
Las redes sociales estallaron en críticas hacia la publicación oficial del Senado, que inicialmente reportó un porcentaje mucho menor de nuevos funcionarios. Varios senadores, como Eduardo Nakayama, cuestionaron que Núñez incurriera en prácticas similares a las de los denominados “nepobabies”, señalando que la contratación masiva evidencia el uso del Estado como "botín de guerra". Nakayama destacó que Núñez había prometido previamente evitar esta situación, lo que aumenta las críticas sobre su gestión.
El senador Ignacio Iramain también instó a la ciudadanía a expresar su rechazo ante esta situación. Aunque Núñez prometió en junio controlar la cantidad de funcionarios en el Congreso y reducir el gasto público, los contratos recientes demuestran lo contrario, con un aumento considerable en el presupuesto destinado a salarios de nuevos empleados, lo cual genera indignación y pedidos de transparencia en el manejo de los recursos públicos.
El reciente escándalo por la contratación de 455 nuevos funcionarios en el Congreso, realizada por Basilio Núñez, ha generado medidas restrictivas en el acceso a la nómina de empleados de la institución. A partir de ayer, el acceso al listado de personal, que antes era de consulta pública, ahora requiere un código de acceso desconocido para la mayoría, lo cual limita la transparencia de la información.
La situación ha causado una fuerte reacción en la ciudadanía, especialmente por la contratación de jóvenes bachilleres sin título universitario, que perciben altos salarios y que han sido distribuidos en diferentes oficinas de parlamentarios del cartismo y sus aliados, aunque sin cumplir funciones claras. Estos empleados ingresaron bajo contratos temporales o como “cargos de confianza”, aunque esta categoría resulta cuestionable dada la falta de experiencia o funciones específicas.
El hecho ha intensificado el descontento social, sumándose a las críticas sobre el uso ineficiente de los recursos públicos.
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