El presidente Javier Milei ha establecido una meta ambiciosa de reducir 70.000 puestos en el sector público nacional como parte de su estrategia para disminuir el gasto público y aliviar la carga impositiva en Argentina.
Desde la llegada de Javier Milei al poder en diciembre, ya se han eliminado 33,291 empleos en la administración estatal, según informó el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, a través de su cuenta en X. Esta reducción es clave para alcanzar el equilibrio fiscal, que es un pilar fundamental de la política económica del presidente.
El desglose de los recortes revela que 20,026 despidos se han producido en la administración centralizada y descentralizada, 2,251 en el sector de seguridad y militar, y 11,014 en empresas estatales. Los meses de enero y abril fueron los más significativos, con más de 7.000 desvinculaciones, que incluyeron bajas por contratos no renovados, retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas. Esta reducción se enmarca en el compromiso del gobierno de achicar el Estado y, por ende, los costos asociados al mismo.
Una de las primeras acciones del gobierno fue la cancelación de contratos de personal que había ingresado durante la administración anterior de Alberto Fernández. Esta medida ha permitido que se realicen renovaciones trimestrales de contratos, lo que ha tenido un impacto considerable en los primeros meses de gestión, especialmente en abril y julio. Aunque el ritmo de despidos ha disminuido desde entonces, la tendencia de reducción de personal en el sector público sigue en marcha.
La administración de Milei también ha implementado cambios significativos en la estructura del gobierno, reduciendo el número de ministerios y organismos estatales a solo ocho, tras la eliminación de entidades como el Instituto Nacional contra la Discriminación (INADI) y el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). Además, algunas dependencias clave están siendo consideradas para privatización, lo que refleja un enfoque radical en la reestructuración del Estado.
Por último, se ha propuesto la implementación de un examen de idoneidad para acceder a la función pública, con el fin de promover una carrera administrativa basada en el mérito y la profesionalización, en lugar de favoritismos políticos. Sin embargo, estas reformas han generado una fuerte resistencia por parte de los sindicatos estatales, como la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que han organizado protestas medidas para manifestar su rechazo a las de ajuste y al plan de reforma estructural del gobierno.
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