Tras el arresto de múltiples funcionarios de su gobierno y empresarios amigos, António Costa anunció su dimisión en medio de una masiva investigación de la Fiscalía de Portugal por corrupción en su gobierno, a partir de aceptar coimas en un proyecto medioambiental de hidrógeno verde.
El líder del Partido Socialista, junto con varios miembros de su Gabinete, están siendo investigados por la Fiscalía por crímenes de prevaricación, corrupción activa y pasiva, y tráfico de influencias, en negocios del sector del litio y el hidrógeno.
El escándalo estalló en pocas horas en la mañana del martes, ya que todas las investigaciones habían estado siendo mantenidas en secreto para evitar la influencia del Poder Ejecutivo. El día comenzó en Lisboa con la detención de dos personas del círculo más estrecho de Costa por irregularidades cometidas en la concesión de la explotación de yacimientos de litio y de proyectos de hidrógeno verde.
A primera hora fueron arrestados Vítor Escária, jefe de Gabinete del Gobierno, y el empresario Diogo Lacerda Machado, gran amigo de Costa, quien estuvo a cargo de la expropiación y estatización de la aerolínea portuguesa TAP.
Además, en los días anteriores fueron detenidos el alcalde del Municipio de Sines, el socialista Nuno Mascarenhas, y dos empresarios de la sociedad Start Campus, que promovía un proyecto en Sines que está siendo investigado por lavado de dinero y tráfico de influencias.
Por último, el ministro de Infraestructuras, João Galamba, ha sido imputado y en cualquier momento podría ser arrestado, mientras otros miembros del Ejecutivo, incluido el presidente del Consejo Directivo de la Agencia Portuguesa del Ambiente, también están siendo investigados.
La Fiscalía de Portugal ha justificado las detenciones, ya que “existe peligros de fuga, continuidad de actividad criminal, perturbación de la investigación y del orden y tranquilidad política”, según un comunicado oficial, el cual también informó que los detenidos prestarán declaración en un interrogatorio judicial para aplicarles las medidas de coacción.
En paralelo, el Ministerio Público y la Policía de Portugal realizaron 42 allanamientos, que incluyeron la residencia oficial del primer ministro del Palacio de São Bento, los ministerios de Infraestructuras y de Medio Ambiente, la Cámara Municipal de Sines, varios organismos públicos municipales, 17 domicilios y cinco despachos de abogados.
Por su parte, la Fiscalía reveló que el primer ministro estaba siendo objeto de una investigación autónoma desarrollada por el Tribunal Supremo por su papel en el impulso a los negocios relacionados con la transición energética.
“En el curso de las investigaciones surgió, además, el conocimiento de la invocación por sospechosos del nombre y de la autoridad del primer ministro y de su intervención para desbloquear procedimientos en este contexto”, señala la nota.
Asimismo, el Ministerio ha dicho que varios sospechosos han hablado de la implicación de Costa en los casos de corrupción. Se están investigando, por un lado, una serie de concesiones de explotación de litio en las minas de Romano y Barroso, y, por el otro, un megaproyecto en el área de hidrógeno verde en Sines, cuyas inversiones podrían llegar a superar los 1,5 mil millones de euros.
Por su parte, el presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, convocó el jueves elecciones anticipadas para el 10 de marzo de 2024, apenas dos años después de los últimos comicios. A pesar de su mayoría absoluta histórica en 2022, la crisis de gobierno tras la dimisión el martes del primer ministro ha forzado a esta decisión del Ejecutivo.
"Opto por la disolución de la Asamblea de la República y la convocatoria de elecciones el 10 de marzo de 2024 (...) para satisfacer así las expectativas de los portugueses", dijo durante la noche del jueves en un discurso nacional.
Con informaciones de: derechadiario.com.ar / www.france24.com