La Corte Penal Internacional (CPI) emitió el viernes una orden de detención contra el presidente ruso, Vladimir Putin, acusándole de ser responsable de crímenes de guerra cometidos en Ucrania. Moscú ha negado reiteradamente las acusaciones de que sus fuerzas hayan cometido atrocidades durante la invasión de su país vecino, que ya lleva un año.
En su primera orden de detención respecto a Ucrania, la CPI pidió el arresto de Putin como sospechoso de deportación ilegal de niños y traslado ilegal de personas del territorio de Ucrania a la Federación Rusa.
A principios de esta semana, Reuters informó que se esperaba que el tribunal emitiera órdenes de detención. Por otra parte, el tribunal dictó una orden de detención contra María Lvova-Belova, comisaria rusa de Derechos del Niño, por los mismos cargos.
El fiscal de la CPI Karim Khan abrió hace un año una investigación sobre posibles crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio en Ucrania. Durante cuatro viajes a Ucrania, destacó que estaba investigando presuntos crímenes contra niños y ataques contra infraestructuras civiles.
Rusia afirmó que la orden de detención carece de sentido.
"Las decisiones de la Corte Penal Internacional no tienen ningún significado para nuestro país, tampoco desde el punto de vista jurídico", dijo la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Maria Zakharova, en su canal de Telegram.
"Rusia no es parte del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y no tiene ninguna obligación en virtud del mismo", agregó.
El Kremlin no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.
El jueves, una investigación respaldada por la ONU citó los ataques rusos contra civiles en Ucrania, incluida la tortura y el asesinato sistemáticos en las regiones ocupadas, entre los posibles problemas que equivalen a crímenes de guerra y posiblemente crímenes de lesa humanidad.
La amplia investigación también encontró delitos cometidos contra ucranianos en territorio ruso, incluidos niños ucranianos deportados a quienes se les impidió reunirse con sus familias, un sistema de “filtración” destinado a señalar a Reino Unido.
En su primer informe redactado desde que Rusia inició su ofensiva contra Ucrania, el 24 de febrero de 2022, la Comisión de investigación de la ONU concluye que “las situaciones que examinó respecto al traslado y la deportación de niños, dentro de Ucrania y a la Federación de Rusia respectivamente, violan el derecho internacional humanitario y constituyen un crimen de guerra”.
Vladimir Putin, firmó un decreto en mayo de 2022 para facilitar la concesión de la ciudadanía rusa a algunos menores.
“La comisión constató que las oleadas de ataques realizados por las fuerzas armadas rusas desde el 10 de octubre de 2022 contra las infraestructuras energéticas ucranianas, y el recurso a la tortura por parte de las autoridades rusas podrían constituir crímenes contra la humanidad”, apuntó, recomendando que se abran investigaciones adicionales.
El grupo descubrió “un esquema de detención ilegal generalizado” en las zonas controladas por las fuerzas armadas rusas, contra varias personas, incluyendo mujeres y niños.
Rusia firmó el Estatuto de Roma en 2000, pero nunca lo ratificó para convertirse en miembro de la CPI, y finalmente retiró su firma en 2016.
En ese momento, Rusia estaba bajo presión internacional por su toma y anexión unilateral de Crimea en 2014 y por una campaña de ataques aéreos en Siria en apoyo de la guerra del presidente Bashar al Assad contra los rebeldes.
Con informaciones de: vozdeamerica.com / infobae.com
