Un juez de Caaguazú ha impuesto medidas cautelares para Anadelia Acosta Armoa, exfuncionaria de la Cámara de Diputados, y otros tres imputados en un caso de desvío de indemnizaciones de la ANDE para familias de escasos recursos.
Como parte de las disposiciones, se fijó una fianza de G. 300 millones por cada uno de los procesados, lo que suma un total de G. 1,200 millones. La decisión fue tomada tras una audiencia solicitada por el Ministerio Público.
El juez Rafael Domínguez impuso varias condiciones a los imputados, entre las que se incluyen la obligación de comparar mensualmente ante el juzgado, así como la prohibición de salir del país y de cambiar de domicilio. Estas buscan asegurar que los acusados permanezcan disponibles para el proceso judicial en curso.
Los imputados presentan terrenos como garantía para la fianza impuesta. Uno de los terrenos pertenece a Juan Ramón Acosta, padre de Anadelia, mientras que los otros hijos de Ovidio Ramón Oviedo, pareja de Anadelia, y Darío Aquiles Flores, su abogado. Esta estrategia permite cubrir el monto requerido para la fianza mediante bienes raíces, lo que puede ser un recurso útil en caso de que se necesite hacer efectivo el pago.
Además de las restricciones mencionadas, se desarrolló la prohibición de que los acusados se acerquen o se comuniquen con las víctimas del caso por cualquier medio. Esto es parte de las medidas para proteger a las personas afectadas mientras se lleva a cabo la investigación y el juicio correspondiente.
El juez aclaró que el valor de la fianza se relaciona con el valor de los terrenos ofrecidos, destacando que algunos de ellos superan el monto requerido. Por ejemplo, se mencionó un terreno rural valorado en G. 800 millones, lo que garantiza que los bienes ofrecidos están por encima de la fianza establecida. Además, se embargará estos terrenos hasta que se resuelva el proceso judicial.
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