El Gobierno de Javier Milei ha decidido subastar más de 400 propiedades pertenecientes al Estado nacional con el objetivo de recaudar aproximadamente 800 millones de dólares. Esta medida se formalizó a través del decreto 950/2024, publicado en el Boletín Oficial, que busca reducir "gastos innecesarios".
La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) será responsable de llevar a cabo la subasta pública, que incluirá inmuebles en diversas partes del país, algunos de los cuales actualmente albergan oficinas en funcionamiento.
Con esta acción, el Gobierno busca achicar la estructura física y patrimonial del Estado, alineándose con su promesa de reducir la administración pública. Las subastas comenzarán antes de que finalice el año y se irán publicando en el sitio oficial de la AABE. Los inmuebles en cuestión generalmente están en desuso o generan altos costos de mantenimiento, afectando a diferentes tipos de propiedades, como edificios gubernamentales, terrenos ferroviarios y superficies rurales.
Entre las propiedades que se subastarán destaca un terreno de 919 m² en Buenos Aires, donde operan oficinas del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Aunque el inmueble alberga a 148 empleados, el Gobierno justifica su venta por no cumplir con el "Manual de Estándares de Espacios de Trabajo" de la AABE, ya que se está utilizando menos de la mitad de su capacidad. Además, se argumenta que los costos de custodia son elevados, por lo que se planea reubicar al personal y el mobiliario para optimizar su uso.
Otro terreno en venta, de 5.233,94 m², alberga el área de Ciberseguridad y cuenta con un equipo de aproximadamente 45 personas. Al igual que el anterior, se argumenta que el espacio no se ajusta a los estándares establecidos, por lo que se realizará una venta con toma de posesión diferida para asegurar la continuidad de las operaciones durante la mudanza. También se contempla la venta de inmuebles estratégicamente ubicados, como los predios ferroviarios en Rosario, que suman un total de 80.564,78 m².
Además de las propiedades estatales, el Gobierno también planea vender inmuebles decomisados por causas de corrupción y narcotráfico. La AABE habilitará la oferta de estos inmuebles en etapas, permitiendo a los interesados obtener información y registrarse para recibir actualizaciones sobre las subastas. Sin embargo, se excluyen de la venta tres establecimientos militares.
La decisión de subastar estas propiedades también busca responder a un contexto político y económico en el que se critica el uso de recursos estatales y se busca promover un manejo más eficiente de los bienes públicos.
Durante una rueda de prensa, el vocero presidencial destacó que la venta de la sede del ex Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, es parte de una “batalla cultural” que evidencia la ineficiencia de las políticas anteriores. En este sentido, la medida no solo busca generar ingresos, sino también replantear la gestión del patrimonio estatal y reforzar el compromiso del Gobierno con la austeridad y la optimización de recursos.
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