Mediante un decreto ejecutivo, el presidente Guillermo Lasso, decretó este miércoles el estado de excepción en cuatro provincias ecuatorianas, donde se concentra la mayoría de los hechos de violencia en medio de las protestas indígenas. El estado de excepción reduce una parte de los derechos ciudadanos, incluidos los de movilización y reunión, entre otros.
Durante una rueda de prensa, el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, dijo que a consecuencia de las gestiones mantenidas “para devolverle la tranquilidad al pueblo ecuatoriano”, se decidió aceptar el proceso de mediación. Agregó que la Conferencia Episcopal definirá los actores, los representantes y los temas en cuestión para que se pueda “llegar a una solución definitiva”, y reiteró la voluntad de alcanzar una solución para devolverle la paz al país. Sobre la negativa del presidente Guillermo Lasso de volver a interactuar con el máximo líder indígena, Leonidas Iza, Jiménez dijo que al haber aceptado el proceso de mediación, el gobierno acepta “su metodología”. “Son ellos los que van a designar los delegados de parte y aparte. No queremos poner condicionamientos”, explicó. Los acercamientos entre el gobierno y los indígenas, que el lunes hacían vislumbrar una solución cercana, quedaron congelados después de un ataque de presuntos indígenas a una caravana militar que dejó un muerto y 12 uniformados heridos. El paro nacional fue convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas (CONAIE), la mayor de su tipo en Ecuador, en demanda de la reducción del precio de la gasolina, un mayor presupuesto para la salud y la educación, y la fijación de un tope a precios de productos agropecuarios.
También el miércoles, Lasso decretó el estado de excepción por 30 días en las provincias andinas de Azuay e Imbabura, y las Sucumbíos y Orellana, en la Amazonia. El gobierno dijo que el objetivo es recuperar el orden público, controlar la violencia, asegurar la provisión de medicamentos, oxígeno para hospitales, combustibles y alimentos en esas regiones.
Estableció además como zona de seguridad el área de influencia donde se encuentran los pozos, las instalaciones e infraestructura petrolera del país, en la Amazonía. El petróleo es el principal producto de exportación del país, a cuyas arcas fiscales aporta cerca del 30 % de los ingresos.
Hasta ahora, las protestas han dejado 228 policías heridos, 32 policías secuestrados (que ya han sido liberados), 10 unidades policiales destruidas y 72 vehículos afectados, informó a la prensa el comandante general, Fausto Salinas.
Para presionar a que el gobierno dé una respuesta, el Movimiento Indígena y Campesino de la región de Cotopaxi anunció que prepara una movilización “masiva y contundente hacia la capital, el día jueves... con todas las organizaciones, gremios, transportistas y trabajadores”.
Mientras tanto, cientos de indígenas de la provincia de Imbabura ya bloquean una de las principales avenidas periféricas de la ciudad.
Por su parte, el gremio que reúne a las poblaciones nativas de la Amazonía indicó a sus bases que “se mantienen todas las medidas en las seis provincias de la región amazónica”.
Lasso, que el pasado 23 de junio se sentó en una mesa de diálogo con la dirigencia del movimiento indígena para dar soluciones a las demandas, rompió el 24 de junio el proceso de conversaciones por considerar que el máximo líder de ese colectivo, Leonidas Iza, no era un interlocutor legítimo, luego de producirse la muerte de un militar en Sucumbíos.
Con informaciones de: vozdeamerica.com / dw.com