A partir del 10 de diciembre, el Gobierno de Javier Milei propone lanzar un plan de ajuste fiscal que llevaría al déficit financiero cero para el ejercicio de 2024. Esto implica no solo equilibrar las finanzas operativas del Gobierno nacional, sino que además se puede afrontar la totalidad del pago de intereses y servicios por la deuda pública.
El proceso de Reforma del Estado no se limitará al Sector Público Nacional, también afectará a las Provincias y los municipios irremediablemente. Una de las partidas responsables de esta dinámica son las transferencias discrecionales que, hasta ahora, el Gobierno kirchnerista asignada a dedo dependiendo de su preferencia política con cada gobernador de turno.
Las transferencias surgen como la diferencia entre los recursos presupuestados a principios de año y la ejecución presupuestaria efectiva, en la cual el Estado recibe más pesos nominales en sus arcas por el efecto de la inflación en la cadena de pagos. Esto permite generar un “colchón” de recursos que no tienen una asignación específica, y dotan de poder discrecional al Gobierno de turno. A partir del 10 de diciembre se termina esta lógica y comienza el ajuste fiscal.
El presidente electo lo simplificó de la siguiente manera: “Hay que poner los números en orden. Corten otros gastos y paguen los salarios, no hay más plata”. Esto implica, además, sostener las consecuencias de la devolución del IVA y la reducción del impuesto a las Ganancias de la cuarta categoría sobre los recursos de la coparticipación.
Un total de 5 Provincias anunciaron programas de ajuste fiscal, en alineamiento con la política económica del próximo Gobierno. Los gobernadores de Tucumán, Santa Cruz, Chaco, La Pampa y Entre Ríos se comprometieron con la austeridad para sobrellevar el año 2024.
Incluso el Gobernador peronista Osvaldo Jaldo debió alinearse con Milei, y anunció un masivo recorte de gastos por $220.000 millones de pesos para el presupuesto del año próximo. Se cerrarán hasta 40 organismos y dependencias locales, incluyendo la Unidad de Reconversión Laboral (Unrel) a partir del 30 de noviembre, y se dejarán sin efecto las designaciones realizadas en los 60 días anteriores al 29 de octubre.
Asimismo, desde el punto de vista del Gobierno nacional, se dispondrá de un ambicioso programa de privatizaciones para sanear las finanzas públicas. Por otra parte, la obra pública enfrentará grandes recortes presupuestarios.
Todas aquellas obras que ya estén en curso de ejecución no serán paralizadas, y en su lugar se llamará a licitación para que el sector privado se encargue de financiarlas y completarlas en caso de que exista interés inversor. A cambio, el Estado proveerá de un marco regulatorio especial para ofrecer la concesión de los servicios por la infraestructura terminada (algo muy común en rutas nacionales, puertos, caminos, etc.).
Las obras públicas que no están en proceso de ejecución, pero están planificadas, serán sometidas a evaluación, como parte de una racionalización integral que se llevará a cabo en todo el sistema. La máxima prioridad será la concreción del déficit cero para diciembre de 2024.
Con información de: derechadiario.com.ar