La reciente declaración de ley marcial por parte del presidente surcoreano Yoon Suk Yeol, aunque posteriormente anulada, generó un fuerte impacto en Corea del Sur.
La medida implicaba la suspensión de actividades políticas, el cierre del Parlamento y la censura de medios de comunicación. Aunque derogada por el Parlamento, la acción evocó un pasado de líderes autoritarios en un país que ha consolidado su democracia desde los años 80. El comandante Park An-su, encargado de implementarla, señaló que cualquier actividad política y protesta sería prohibida, mientras que los medios estarían sujetos a censura militar.
La ley marcial, definida como el gobierno temporal por autoridades militares durante emergencias, permite suspender derechos civiles e imponer normas militares. Se aplica en situaciones extremas como conflictos bélicos o disturbios internos, y aunque esté pensada como una medida transitoria, puede prolongarse indefinidamente. En este caso, Yoon justificó su decisión al acusar a la oposición de entorpecer su administración y simpatizar con Corea del Norte, señalando al Parlamento como un obstáculo al orden democrático.
Entre las disposiciones, la proclamación prohíbe reuniones legislativas y manifestaciones, regula los medios de comunicación y restringe actividades contrarias al sistema democrático. También suspendió huelgas, como la de médicos que protestaban contra reformas educativas, obligando su reincorporación bajo amenaza de sanciones. Además, se autorizó la detención de ciudadanos sin orden judicial en ciertos casos. No obstante, la ley surcoreana establece que el Parlamento puede anular la ley marcial, como sucedió, aunque persista la incertidumbre sobre si el presidente respetará la decisión.
Corea del Sur tiene una historia marcada por la imposición de leyes marciales en momentos de crisis. Desde su fundación en 1948, se han declarado diez veces, destacando episodios como la rebelión de Yeosu-Suncheon y la Guerra de Corea. Durante las últimas décadas, estas medidas fueron empleadas por líderes como Park Chung-hee, quien en 1972 consolidó un régimen autoritario bajo esta normativa, y Chun Doo-hwan, que en 1980 se enfrentó con violencia las protestas de Gwangju, resultando en cientos de víctimas civiles.
La masacre de Gwangju sigue siendo un capítulo oscuro en la historia del país. En 2020, un tribunal condenó al exdictador Chun Doo-hwan por difamación relacionada con esos hechos, aunque nunca asumió responsabilidad ni pidió disculpas. Este precedente subraya los riesgos de abusos asociados a la ley marcial, que históricamente ha servido como herramienta para consolidar el poder en detrimento de las libertades civiles.
En años más recientes, los intentos de imponer esta medida también han generado controversia. En 2018, el general Lee Suk-koo propuso implementarla para frenar las protestas contra la expresidenta Park Geun-Hye, lo que fue impedido por el presidente Moon Jae-in, quien desmanteló al organismo involucrado. Estos eventos reflejan la persistente tensión entre la estabilidad política y los derechos democráticos en Corea del Sur.
El caso actual evidencia las divisiones políticas y el desafío que enfrenta el país para preservar su democracia frente a medidas excepcionales. Aunque anulada, la declaración de ley marcial por parte de Yoon Suk Yeol reabre el debate sobre los límites del poder ejecutivo en situaciones de crisis y la necesidad de mecanismos que garanticen el respeto a los derechos fundamentales.
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